Declaración de la Red San Sebastián de Observatorios de América Latina y el Caribe, GuineaEcuatorial y el Estado español.
Las entidades abajo firmantes consensuamos esta declaración conjunta derivada de los trabajos que hemos llevado a cabo durante la celebración del 1er Encuentro Internacional: Trabajando en común: nuevos instrumentos para el aseguramiento y defensa de los derechos humanos LGBTI+, celebrado entre los días 24, 25 y 26 de marzo de 2023 en Donostia/San Sebastián.
1- En estos momentos de proliferación internacional de grupos antiderechos que han conquistado púlpitos, medios de comunicación y han accedido a tener voz en casi todas las instituciones públicas, además de contar con financiación y recursos increíbles, reconocemos la necesidad de unirnos solidariamente. Manifestamos nuestro compromiso de hacerlo, en especial, en torno a la comunidad trans y sobre todo a las mujeres trans, en quienes estos grupos antiderechos han focalizado sus ataques durante los últimos años.
2- Hemos de esforzarnos por erradicar la impunidad con la que actúan, indistintamente a que sean grupos religiosos, políticos, sociales o de feministas transexcluyentes. La libertad de expresión no puede servirles de amparo y escudo protector cuando las opiniones acaban plasmándose en discriminación y violencia. Del mismo modo, planteamos evitar centrarnos prioritariamente en las tipificaciones penales (discursos y delitos de odio o crímenes de odio), para aprovechar otros importantes recursos disponibles con los que hacerles frente como los que nos ofrecen el derecho civil y administrativo, por ejemplo, hacer valer el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
3- Convenimos que es un requisito imprescindible trabajar por mejorar nuestra comunicación en relación a toda la población, de manera que cualquier persona puedan comprender sin esfuerzo nuestros mensajes, nuestras vivencias, problemáticas y nuestras reivindicaciones.
A tal fin hemos de despojarnos de los discursos autorreferenciales, excesivamente técnicos y prolijos en terminología compleja, y aprender a articular nuestros mensajes de un modo tan eficiente y eficaz como lo hacen los grupos antiderechos. También apelando a las emociones básicas de las personas, a su enojo e indignación. Evitar la confrontación, como hemos hecho en gran medida, fortalece sus logros en denostarnos e ignorarnos.
Hemos de reconsiderar conceptos y expresiones que condicionan nuestras estrategias. Por ejemplo, en lugar de abusar genéricamente de términos como delitos o crímenes de odio o de LGTBIfobia usar expresiones como violencia por prejuicios contra el colectivo LGBTI+, que ofrece una comprensión de las violencias que padecemos como un fenómeno social, en contraposición con la violencia entendida como un hecho aislado; como algo sistémico y estructural y no meramente coyuntural y focalizado. Porque el objetivo final de todos estos actos de violencia por prejuicios, en sus múltiples manifestaciones, trasciende el pretender castigar a las personas concretas contra las que se ejerce, para simbólicamente castigar y censurara toda la comunidad LGBTI+ porque, en su conjunto y más allá de cada una de sus partes, desafía la endosex-cisheteronormatividad imperante.
Del mismo modo, otro ejemplo, consistiría en evitar referirnos a las “terapias de conversión” en relación a todos los medios y técnicas que los grupos antiderechos utilizan con la finalidad de cambiar, revertir, impedir o reprimir la orientación afectivo-sexual, la identidad de género, la expresión de género o las características sexuales no normativas de las personas. Estos Esfuerzos de Cambio o de Modificación de la Orientación sexual, Identidad o Expresión de Género (ECOSIEG) son justificados y desarrollados desde perspectivas médicas, psicoterapéuticas o religiosas. Las que se basan en leernos como personas enfermas, y por lo tanto necesitadas de tratamientos farmacológicos o intervenciones quirúrgicas para ser curadas; como personas desviadas debido a supuestas experiencias traumáticas vividas en nuestras infancias; o como seres moralmente condenables por nuestros actos, a quienes se nos debe encauzar hacia la contención para evitar que caigamos en la tentación.
4- Reivindicamos en este caso concreto, ir más allá de la prohibición y sanción administrativa de todas estas técnicas y medios. Las experiencias muestran, donde así se ha previsto legalmente, que la vía administrativa es ineficaz para combatirlas. Sea por su no implementación sea porque cuando se llegan realmente a aplicar tal tipo de normas y sancionarse estas actividades, los grupos antiderechos que las respaldan no tiene problema alguno en asumir los costes pecuniarios que conllevan.
Por este motivo consideramos necesario exigir que todas estas prácticas (ECOSIEG) sean criminalizadas y que estén tipificadas como conductas delictivas en todos los códigos penales de los estados, tal y como ya han hecho algunos países como Nueva Zelanda, Francia, Ecuador o Canadá.
5- Desde el objetivo que nos une en la defensa de los derechos humanos a todas las organizaciones firmantes, nos autoexigimos contemplar la diversidad de las situaciones que nos afectan y fortalecer los procesos de escucha para no sustituir, sino acompañar en sus discursos, argumentos e identificación de necesidades a las personas de cada una de las comunidades que integran el colectivo LGBTI+.
Prioritariamente, a las personas intersex a quienes se ha pretendido y pretende mantener ocultas porque su sola existencia cuestiona todos los paradigmas del binarismo; y a todas aquellas que, al exponerse públicamente y convertirse en referentes en cada una de nuestras comunidades, son objeto de todo tipo de agresiones, torturas, amenazas, acoso o, incluso, ven como corren peligro sus propias vidas, cuando éstas no les son directamente arrebatadas.
6- Consideramos preciso poner el foco de nuestras actividades en revelar los prejuicios en los que se sustentan los pensamientos y actuaciones negativas contra el colectivo LGTBI+, donde germina la violencia estructural contra nosotres. Y poner en evidencia la complicidad social que existe, la misma que propicia los actos cometidos por las personas victimarias, perpetradoras directas de los delitos contra el colectivo LGTBI+, así como de quienes nos generan situaciones de vulnerabilidad y de discriminación en el acceso y ejercicio de nuestros derechos fundamentales.
Nos consta como, en numerosos casos, la autoría material no coincide con la autoría intelectual en la que se han inspirado y donde han germinado estos hechos. También hemos de esforzarnos en desenmascarar el silencio cómplice de quienes los presencian, manteniéndose al margen, pasivamente, los toleran o, incluso, los jalean. Sufrimos violencias por prejuicios y sin combatirlos y erradicarlos no avanzaremos en el respecto a nuestros derechos consustancial a nuestra existencia como seres humanos.
7- El origen causal de que muchas de las agresiones y violencias contra el colectivo LGBTI+ no sean denunciadas (la llamada cifra negra) obedece a la desconfianza que gran parte de las personas de nuestras comunidades comparten hacia las instituciones, los cuerpos policiales, los operadores jurídicos y sociales, por considerar cuando somos victimizadas que no se nos va a hacer caso; que para el sistema y las instituciones en las que se sostiene, no somos personas relevantes ni merecedoras de una protección efectiva. En otras ocasiones porque denunciar conllevaría también salir del armario en el que aún se vive. A veces, en especial en los casos de personas extranjeras en situación administrativa irregular, por el miedo a que al hacerlo se ponen en evidencia y temen acabar no solo sin ver restaurados sus derechos cercenados sino siendo expulsadas del país donde residen.
Sea cual fuere el motivo, la normalización de la discriminación no debe asumirse como inevitable ni interiorizarse como tal.
8- Constatamos que existe mucho desconocimiento sobre cómo hacer valer nuestros derechos, cómo proceder y dónde dirigirse para denunciar, reclamar o verlos reparados. Por eso, desde las entidades firmantes, nos comprometemos a compartir, confeccionar y facilitar guías simples de actuación, ofrecer orientación, dar apoyo personalizado y acompañamiento durante todos estos procesos a cuantas personas han sido victimizadas.
No hay que olvidar que dentro del colectivo LGBTI+ son muchas las personas que no cuentan con un apoyo familiar y que en numerosas ocasiones las violencias que se padecen tienen origen en los propios núcleos familiares. De ahí la importancia de transmitir y construir el sentimiento de pertenencia a la comunidad LGBTI+, sin crear sistemas compartimentados entre nosotres. Ofrecer acompañamiento, asesoramiento y saber derivar correctamente, en su caso, son pautas básicas de la atención que hemos de habilitar directamente desde nuestras organizaciones si fuera posible, o generando redes y alianzas con otras entidades e instituciones para disponer de los recursos necesarios, como puede ser, suplir la carencia de personas con formación jurídica en nuestras organizaciones.
En suma, desde nuestras organizaciones hemos de concienciar y contribuir a organizar a nuestras comunidades, a hacer que los derechos sean conocidos y a disponer de los medios adecuados para exigir su respeto, su preservación y su reparación, cuando sea preciso. Nuestra cooperación en red es un instrumento de gran utilidad para compartir las experiencias a este respecto.
9- Valoramos oportuno explorar y emprender caminos alternativos al derecho penal para centrar nuestros esfuerzos en la reparación del daño ocasionado a las personas victimizadas. Usando herramientas que nos proporciona, por ejemplo, la justicia restaurativa (círculos, conferencias, etcétera), y a este nivel entendiendo que las personas somos más que nuestros actos, aunque siempre debemos responder por los mismos.
No se trata de permitir el uso del perdón por las victimarias para omitir la verdad y eludir la responsabilidad. Perdón y reparación no son lo mismo. Es imprescindible el reconocimiento del daño infringido y, sin generar falsas expectativas, esas herramientas y metodologías sirven para dar voz y protagonismo a las víctimas, para que puedan expresar sus necesidades, que no siempre son iguales y en general nunca son tenidas en cuenta en los procesos penales. Y construyen algo muy importante: espacios seguros.
Creemos que las personas victimizadas deben ser informadas de la existencia de estos procesos y puedan, si así lo deseen, solicitar su uso, desde la voluntariedad y con la limitación, por la que han de velar quienes los faciliten, de que su aplicación nunca vaya a generar más dolor que el ya ocasionado (revictimización). El reto hacia el que nos dirige este tipo de experiencias radica en proceder a una gestión distinta de la convivencia, abandonando la cultura punitivita y favoreciendo la implicación de toda la sociedad a través de personas y entidades de la misma que sirvan de apoyo en el desarrollo de estos procedimientos.
10- Las entidades firmantes tenemos la obligación preferente de evitar deshumanizar a las personas victimizadas convirtiéndolas en un mero dato; en un indicador para el registro de incidentes o delitos, o para hacer nuestros informes y reclamaciones. Tenemos el deber de centrarnos en cada una de las personas victimizadas, escucharlas y comprenderlas. Dignificarlas, en suma.
Simultáneamente sabemos que, con frecuencia, se requiere cuantificar e identificar para poder exigir se emprendan actuaciones desde las administraciones públicas competentes. Así, por ejemplo, se necesitan datos sobre cuántas personas intersex realmente hay en nuestra sociedad porque su invisibilización, empleando argucias como la protección de datos, solo sirve para evitar crear y desarrollar políticas públicas relacionadas con la debida atención a sus múltiples necesidades. Este permanente ocultamiento propicia que sigan efectuándose en nuestros territorios y hospitales prácticas como las mutilaciones genitales o las hormonaciones forzadas en menores. Muchas veces manipulando la información que se ofrece a las familias para obtener su consentimiento. Hay que trabajar para acabar con la profunda interfobia, el rechazo que una gran parte del estamento médico tiene interiorizada, en relación a los cuerpos que poseen variantes en sus características sexuales. Y hay que denunciar e impedir prácticas como las mencionadas que no reconocemos sino como actos de tortura.
11- Nuestros esfuerzos relacionados con la formación y sensibilización en relación a los derechos fundamentales del colectivo LGBTI+ han de reorientarse para centrarnos mucho más en quienes ejercen el desempeño de la labor judicial y fiscal; en quienes tienen la potestad de juzgar y de promover de oficio la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y el interés general de la sociedad, frente a cualquier tipo de discriminación, vulneración de derechos y de violencias que nos afectan.
Constatamos en todos nuestros estados y territorios que, en su mayoría, esta parte del funcionariado público demuestra una escasa sensibilidad hacia nuestros colectivos. Una muestra evidente la tenemos en la actuación de la fiscalía, haciendo dejación de sus funciones, en los procesos en curso en la Comunidad Autónoma del País Vasco, donde desarrollamos estos mismos Encuentros. Concretamente en los juzgados de Bilbao que se ocupan de siete presuntos asesinatos y de dos tentativas de asesinato de hombres que tenían sexo con hombres a través de aplicaciones de contactos.
12- Para luchar contra los prejuicios, tenemos que aumentar el conocimiento de las realidades LGBTI+, lo que conlleva esforzarnos por conseguir se incluya en la planificación docente de nuestras universidades, de forma transversal, formación específica al respecto desde la perspectiva de los derechos humanos. No nos referimos solo de las Facultades de Medicina, Enfermería o Derecho, sino a todas y en todas las áreas, en las que se da la coincidencia de habérsenos negado u omitido (ciencias de la educación, de la salud, sociales y humanas, económicas, bellas artes, matemáticas y ciencias naturales …)
A este nivel, animamos a todas las entidades a colaborar con aquellas estructuras universitarias que puedan convertirse, si no lo son ya, en nuestras aliadas. Por ejemplo, las Clínicas Jurídicas por la Justicia Social que poco a poco se van extendiendo por las Facultades de Derecho de todo el mundo.
13- Las entidades firmantes nos comprometemos a colaborar en la mejora de herramientas como es la base de datos sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGBTI+, (https://database.ilga.org/es) que desde ILGA Mundo se nos ha presentado durante estos Encuentros. La comparativa entre países, y la información sobre los avances y retrocesos que se producen en materia de reconocimiento de derechos fundamentales, resulta un instrumento muy poderoso que nos sirve a las entidades para proponer avances, disponiendo de ejemplos y de experiencias ajenas, o para unirnos con el fin de impedir retrocesos en cualquier lugar del escenario internacional. Nos sirve para pensar en lo local y para actuar globalmente.
También para denunciar el pinkwhashing institucional y sacar los colores pública e internacionalmente a quienes lo practican.
Nos referimos al hecho de aprobar leyes que se venden como conquistas a favor del colectivo LGBTI+ por parte de determinados partidos políticos gobernantes que, posteriormente, por falta de voluntad política realmente ni se desarrollan ni se implementan. O sencillamente son normas que están vacías de obligaciones, constituyen meras declaraciones.
Exigimos a quienes gobiernan compromisos reales y efectivos, que sean evaluables en su práctica. Y los datos que aparecen en esta herramienta gratuita que nos ofrece ILGA Mundo hablan por sí mismos, proporcionan la comparativa y pruebas de cómo muchas personas del colectivo LGBTI+ en muchos rincones del planeta seguimos estando marginadas o perseguidas.
Las entidades firmantes mostrando nuestra satisfacción por esta contribución de ILGA Mundo dejamos también constancia de nuestra preocupación por sus limitaciones. En particular por las dificultades en obtener información veraz cuando ésta procede con frecuencia exclusivamente de fuentes gubernamentales, que son parte interesada en dar una buena imagen al exterior, o cuando el acceso a la información es difícil de obtener porque no hay colaboración al respecto, como sucede en la mayor parte de los estados que condenan o persiguen a las personas por su orientación sexual, su identidad o expresión de género o por sus características sexuales. Las aportaciones y valoraciones de las organizaciones civiles, y como tales las entidades firmantes nos
comprometemos a realizar, consideramos deviene complemento imprescindible para conocer la situación no maquillada, la que existe realmente en cada territorio. Con tal objetivo solicitamos a ILGA Mundo un protocolo sobre cómo proceder al respecto.
14- La cooperación internacional es otra de las vías que detectamos a tener muy presente por parte de las entidades LGBTI+. Necesitamos una cooperación no asistencialista, ni vertical, que sea sostenible y que entienda que las entidades donatarias no son sujetos pasivos. Cooperación que incorpore el enfoque LGBTI+ con carácter general y transversal en todos los proyectos, así como un lenguaje inclusivo.
No es concebible ni tolerable que, en estos momentos, se puedan financiar proyectos de cooperación con los que se llevan a cabo, por ejemplo, de forma más o menos velada, Esfuerzos de Cambio o de Modificación de la Orientación sexual, Identidad o Expresión de Género.
Las entidades firmantes nos comprometemos a intentar incidir en la regulación interna de las políticas de cooperación para que sea incorporada esta perspectiva, así como a buscar y propiciar fórmulas por las que se viabilicen proyectos de cooperación en aquellos estados en los cuales se ponen trabas y dificultades para el reconocimiento legal de las asociaciones. Tal es el caso de Guinea Ecuatorial en relación al colectivo LGBTI+, por lo que solicitamos a las autoridades de este país su reconocimiento inmediato, su registro legal que posibilite obtener personalidad jurídica a la Asociación Somos parte del Mundo, presente en estos Encuentros.
Necesitamos también a través de la cooperación cambiar la vida de las personas LGBTI+ y sus allegadas bajo el paraguas del respeto de sus derechos fundamentales.
En Donostia/San Sebastián a veintiséis de marzo de dos mil veintitrés.
ARGENTINA:
Federación Argentina LGBT y del Observatorio de Crímenes de Odio
BOLIVIA.
Observatorio de los derechos LGBT. ADESPROC Libertad (Asociación Civil de Desarrollo Social y Promoción Cultural).
BRASIL
Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA)
COLOMBIA.
Observatorio de DD.HH. de personas LGBTIQ+ ANAFORA: Caribe Afirmativo
ECUADOR.
Observatorio Runa Sipiy-Ecuador. Asociación Silueta X
EL SALVADOR.
Observatorio nuestras Miradas: Ormusa
GUATEMALA.
Centro de Datos LGBTIQ+ Organización Visibles
GUINEA ECUATORIAL.
Somos Parte Del Mundo (SPDM)
HONDURAS.
Observatorio de la Red Lésbica CATTRACHAS (Binacional- Nicaragua-Honduras)
MÉXICO:
Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT en México (ONCO)
VENEZUELA:
Diverlex Diversidad e Igualdad a Través de la Ley
ESPAÑA.
Asociación No es terapia.
ANDALUCIA.
Observatorio Andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia
EUSKADI
Observatorio Vasco LGTBI+/Euskal LGTBI+ Behatokia
MADRID.
Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia: Arcópoli
MÁLAGA.
Asociación Ojalá
