El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha desatado una ofensiva sin precedentes contra el colectivo LGTBI+ en Madrid. Recortes legales, eliminación de ayudas y desmantelamiento de organismos clave plantean una pregunta inquietante: ¿Por qué quieren arrebatarnos nuestros derechos?
En los últimos años, la Comunidad de Madrid ha sido testigo de una serie de acciones políticas e institucionales que han generado una creciente preocupación entre las organizaciones defensoras de los derechos LGTBI+. Estas medidas, lideradas por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, y la diputada y portavoz de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales, Mónica Lavín, parecen apuntar a una sistemática erosión de los derechos y protecciones del colectivo LGTBI+, con un énfasis particular en la comunidad trans.
¿Pero qué motiva este ataque? ¿Por qué estas tres mujeres, con poder y responsabilidad pública, deciden colocar al colectivo LGTBI+ en el punto de mira? ¿Qué hemos hecho para merecer tanto desprecio? Desde Arcópoli, no podemos evitar preguntarnos: Isabel, Ana, Mónica, ¿por qué nos odian tanto? ¿Qué les hemos hecho para que consideren justo y necesario arrancar de cuajo los derechos conquistados con tanto esfuerzo y sufrimiento?.
¿Por qué este ensañamiento? ¿Qué impulsa a estas dirigentes a limitar los derechos de una comunidad ya vulnerable?
La cronología de acciones emprendidas por estas líderes ofrece una visión clara de la dirección que ha tomado el gobierno regional en relación con los derechos LGTBI+:
1. Modificación de las Leyes 2/2016 y 3/2016: En diciembre de 2023, la Asamblea de Madrid aprobó la Ley 17/2023, que modificó la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación. Esta reforma, según el preámbulo de la propia ley, buscaba corregir aspectos que, a juicio del gobierno, podían conculcar derechos como la libertad de expresión y de prensa, así como la presunción de inocencia. Sin embargo, organizaciones como Arcópoli y COGAM denunciaron que estas modificaciones representaban un retroceso en las garantías y protecciones previamente establecidas para las personas trans e intersexuales.
¿En qué momento la protección de los más vulnerables se convirtió en un problema para ustedes? ¿Cómo se puede justificar que la presunción de inocencia esté por encima de la protección frente a la discriminación? Es difícil no ver en esto un giro propio de la ultraderecha más reaccionaria, un eco de aquellos que niegan la diversidad y pretenden imponer un modelo único y excluyente de sociedad.
2. Eliminación de subvenciones específicas para el colectivo LGTBI+: En 2024, el gobierno de la Comunidad de Madrid decidió suprimir las convocatorias de subvenciones destinadas específicamente a organizaciones LGTBI+. Esta medida fue justificada por las autoridades argumentando una reestructuración y racionalización de los recursos públicos. Sin embargo, esta decisión ha generado un recorte financiero en proyectos tan necesarios como el Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia necesario en la lucha contra la LGTBIfobia, afectando directamente a la comunidad LGTBI+ en la región.
¿No les importan las vidas que dependen de estos recursos? ¿Acaso no saben que muchas personas encuentran en estas organizaciones su único refugio, su única esperanza para escapar del odio y la marginación? Cuando se cierran estas puertas, ¿a dónde esperan que vayamos?
3. Supresión de la Subdirección General de Igualdad LGTBI: En diciembre de 2024, en el marco de una reestructuración gubernamental, se eliminó la Subdirección General de Igualdad LGTBI de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Según informó Europa Press, esta subdirección fue integrada dentro de la Subdirección General de Integración Social. La consejera Ana Dávila afirmó que «no se ha dejado de asumir ninguna competencia» tras esta eliminación. No obstante, entidades como Arcópoli y COGAM manifestaron su preocupación, considerando esta acción como un «alarmante retroceso» en la protección y promoción de los derechos LGTBI+ en la comunidad.
¿Integración social? ¿De verdad creen que la igualdad LGTBI+ es un simple apéndice de la integración? Este movimiento no es un cambio administrativo inocente, es una declaración política. Es un mensaje claro: nuestros derechos no importan. Nuestro bienestar no es una prioridad.
¿Por qué este ataque sistemático?
Las motivaciones detrás de estas acciones pueden ser multifacéticas. Algunos analistas sugieren que podrían estar influenciadas por corrientes ideológicas ultra conservadoras que buscan revertir avances en derechos sociales obtenidos en décadas recientes. Otros apuntan a posibles estrategias políticas para satisfacer a sectores específicos del electorado que se oponen a las políticas de igualdad y diversidad. Independientemente de las razones, es innegable que estas medidas han generado un clima de inseguridad y desprotección entre las personas LGTBI+ de la Comunidad de Madrid.
Desde Arcópoli, hacemos un llamado a las autoridades regionales para que reconsideren estas decisiones y trabajen en pro de una sociedad inclusiva, donde los derechos de todas las personas sean respetados y protegidos, sin importar su orientación sexual o identidad de género. No pedimos privilegios, solo igualdad. No exigimos favores, solo respeto.
Luis Fernando Rosales, Coordinador General de Arcópoli