Desde Arcópoli manifestamos nuestro más rotundo rechazo ante las graves declaraciones del ex magistrado Javier Borrego, quien durante unas jornadas organizadas por VOX en el Congreso de los Diputados intentó ridiculizar la autodeterminación de género con una parodia ofensiva y profundamente LGTBIfóbica:
“¡Hoy me siento mujer! Me llamo Francisca Javiera y soy mujer. No me lo discutan que les llevo por delito de odio a un tribunal.”
Estas palabras no son un chascarrillo ni una anécdota. Son un ataque directo contra las personas trans, un colectivo históricamente violentado y excluido incluso dentro de la comunidad LGTBI+. Y lo son con mayor gravedad al provenir de alguien que ha ocupado puestos estratégicos en el sistema judicial español y europeo, instituciones que tienen el mandato de garantizar la protección de los derechos fundamentales. Que un ex magistrado utilice su voz pública para burlarse de la identidad de género y cuestionar avances en igualdad es un hecho intolerable y de extrema peligrosidad democrática.
Un hombre privilegiado contra las personas más vulnerables
El señor Borrego, un hombre blanco, cisgénero y privilegiado, ha decidido dirigir sus ataques hacia las personas que históricamente más violencias han sufrido. No es casualidad: su intervención no solo perpetúa estereotipos y discursos de odio, sino que alimenta la agenda reaccionaria de VOX, un partido que niega la violencia de género, combate la igualdad y busca eliminar derechos adquiridos.
Una intervención que podría ser constitutiva de delito de odio
Desde Arcópoli informamos que nuestro equipo jurídico ya se encuentra analizando con detalle la intervención de Javier Borrego en el marco de las jornadas de VOX, con el objetivo de determinar si nos hallamos ante un presunto delito de odio motivado por LGTBIfobia. No vamos a tolerar que se utilicen espacios institucionales ni voces con pasado institucional de prestigio para legitimar la humillación de colectivos vulnerables.
La responsabilidad de quien ha sido magistrado
Los magistrados y ex magistrados han desempeñado —y algunos aún desempeñan— funciones vitales para la democracia: garantizar la justicia, proteger los derechos fundamentales y velar por la igualdad de todas las personas ante la ley. Que alguien que ha ocupado una posición tan estratégica utilice su autoridad moral para difundir discursos de odio es un insulto a esas funciones y una traición al propio espíritu constitucional y europeo de protección de los derechos humanos.
Arcópoli exige respuesta
Exigimos al Gobierno de España, a las fuerzas democráticas y a la propia judicatura que condenen públicamente estas declaraciones y actúen en consecuencia. El silencio institucional solo alimenta la normalización de la LGTBIfóbia.
En Arcópoli no vamos a callar. No aceptamos que quienes se creen intocables humillen a las personas trans, ni que se utilicen instituciones democráticas para blanquear el odio. Frente a los ataques de privilegiados como Borrego, responderemos siempre con la defensa implacable de los derechos humanos, la diversidad y la igualdad real.