Desde Arcópoli valoramos positivamente el anuncio del Gobierno de España de aprobar una regularización extraordinaria que podría beneficiar a más de 500.000 personas migrantes que ya viven, trabajan y contribuyen a nuestra sociedad. Esta medida supone un avance necesario en términos de derechos humanos, justicia social y seguridad jurídica, aunque no olvidamos que llega tarde.
Arcópoli trabaja desde hace años con y para personas LGTBI+ migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, muchas de las cuales llegan a España huyendo de la persecución, la violencia, la cárcel o incluso la muerte por la LGTBIfobia. Personas que buscan en nuestro país algo tan básico como libertad, dignidad y derechos que les son sistemáticamente negados en sus países de origen.
Por ello, celebramos cualquier paso que reduzca la irregularidad administrativa, el miedo, la explotación laboral y la exclusión social, realidades que afectan de manera especialmente cruel a las personas LGTBI+ migrantes. El racismo, la LGTBIfobia y la precariedad no se combaten con discursos de odio, se combaten con derechos.
No obstante, exigimos al Gobierno que no deje fuera a las personas solicitantes de asilo. Muchas de ellas llevan años en un limbo administrativo, esperando resoluciones que no llegan, viendo cómo se cronifica su precariedad y su vulnerabilidad. La regularización extraordinaria debe ser inclusiva y garantizar que quienes han solicitado protección internacional también puedan acogerse a ella. No hacerlo supondría perpetuar una injusticia que el propio sistema ya ha generado.
Frente a este avance, asistimos con enorme preocupación —aunque no con sorpresa— a la reacción de la derecha y la extrema derecha de este país. El Partido Popular y Vox vuelven a recurrir a un lenguaje deshumanizante, alarmista y abiertamente racista, hablando de “invasión”, “efecto llamada” o “premiar la ilegalidad”. No hay ilegalidad en sobrevivir. No hay ilegalidad en huir del odio, de la persecución o del hambre. Lo que sí es ilegítimo es construir rédito político señalando a las personas migrantes como chivo expiatorio.
Resulta especialmente grave que quienes se autoproclaman defensores del “orden” y la “convivencia” se opongan sistemáticamente a medidas que precisamente permiten ordenar, regularizar y garantizar derechos, fomentando así la economía sumergida, la explotación y la marginalización que dicen combatir. La hipocresía es evidente: prefieren personas sin papeles, sin derechos y sin voz, porque eso alimenta el miedo que necesitan para su agenda política reaccionaria.
Desde Arcópoli rechazamos con contundencia los discursos que criminalizan a las personas migrantes y normalizan el racismo institucional. Hablar de deportaciones masivas, remigración o sustitución poblacional no es una opinión política: es incitación al odio. Y ese odio tiene consecuencias reales en la vida de miles de personas, también en forma de agresiones, discriminación y violencia contra el colectivo LGTBI+.
Reiteramos que los derechos no se regalan, se reconocen, y que ninguna sociedad democrática se fortalece dejando a cientos de miles de personas en la exclusión. España será más justa, más segura y más cohesionada con más derechos, no con más miedo.
Arcópoli seguirá defendiendo una política migratoria basada en los derechos humanos, la igualdad y la dignidad de todas las personas, sin excepciones.
El racismo se combate con derechos.
La LGTBIfobia se combate con derechos.
La exclusión no es una opción.