El brutal asesinato de Sara Millerey González, una mujer trans, refleja la violencia extrema que sufren las personas LGTBI+ en muchos países. Este crimen atroz nos interpela sobre la urgencia de combatir la transfobia, garantizar la protección de quienes buscan asilo y exigir un Pacto de Estado contra los delitos de odio.
El asesinato de Sara Millerey González, una mujer trans de 32 años, ha sacudido la conciencia global. Torturada, brutalmente herida, y finalmente arrojada a una quebrada mientras la grababan en vídeo, Sara murió ahogada sin que nadie interviniera para ayudarla. Su agonía se viralizó en redes sociales, obligando a instituciones y autoridades a reaccionar ante la crudeza del crimen.
Pero más allá del horror de este caso concreto, la violencia contra las personas trans —y en general, contra toda la comunidad LGTBI+— es una realidad cotidiana en demasiados países del mundo. Lo que le ocurrió a Sara no es un hecho aislado. Es parte de un patrón sistemático de odio que pretende aniquilar las identidades diversas, amparado en la indiferencia social, los discursos de odio y, muchas veces, en la inacción institucional.
Organizaciones de derechos humanos denuncian año tras año cifras alarmantes de crímenes motivados por el odio hacia las personas LGTBI+. Las personas trans, en particular, enfrentan una violencia extrema que va desde las agresiones físicas hasta los asesinatos brutales, como el que truncó la vida de Sara. La transfobia no entiende de fronteras: se manifiesta en los insultos cotidianos, en las leyes que criminalizan las identidades diversas, en la falta de acceso a la justicia, y en la impunidad que ampara a los agresores.
Lo más grave es que, aunque algunos países cuenten con legislaciones que teóricamente protegen los derechos de las personas LGTBI+, la realidad en las calles y en las comunidades es muy distinta. Las leyes no siempre se cumplen, y muchas veces son las propias autoridades quienes perpetúan la discriminación. Por ello, desde Arcópoli recordamos que, a la hora de valorar las solicitudes de asilo de personas LGTBI+, es imprescindible analizar no solo el marco legal del país de origen, sino también la realidad social y la aplicación efectiva de esas protecciones. En España, esta reflexión es más urgente que nunca.
«Somos un país de acogida para muchas personas LGTBI+ que huyen de contextos profundamente hostiles, y debemos garantizar que nuestras políticas de asilo sean sensibles a estas realidades», expuso Luis Fernando Rosales, Coordinador General de Arcópoli. Sin embargo, la creciente ola de discursos de odio contra las personas migrantes y refugiadas amenaza con erosionar nuestra tradición de acogida y solidaridad. «No podemos permitir que el miedo y el racismo contaminen nuestro deber de proteger a quienes buscan refugio de la violencia. Es el momento de exigir un Pacto de Estado contra los delitos de odio, que articule una respuesta firme y coordinada frente a todas las formas de discriminación y violencia que atentan contra la dignidad humana, aseveró Rosales.
La indiferencia social y la banalización de la violencia son caldo de cultivo para que los crímenes de odio sigan cobrándose vidas. No podemos permitirlo. Necesitamos que los gobiernos actúen con contundencia, que las instituciones protejan a las personas más vulnerables, y que la sociedad en su conjunto rechace de manera activa cualquier manifestación de odio.
La memoria de Sara Millerey González debe convertirse en un símbolo de resistencia y un llamado urgente a la acción global. Porque la diversidad no puede seguir costándonos la vida.
Desde Arcópoli, exigimos justicia para Sara, para todas las víctimas de la LGTBIfobia en el mundo, y un compromiso firme de la comunidad internacional —incluida España— para erradicar el odio, garantizar una vida digna y segura para todas las personas LGTBI+, y construir una sociedad donde nadie tenga que huir para salvar su vida.
y luego