Madrid, 4 de marzo de 2025 – Desde Arcópoli expresamos nuestra profunda preocupación ante el acuerdo entre el PSOE y Junts para el traspaso de competencias en materia migratoria a la Generalitat de Cataluña. Como organización dedicada a la defensa de los derechos de las personas LGTBI+, migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, alertamos del riesgo de que esta cesión derive en una vulneración sistemática de los derechos de estas personas, que ya enfrentan múltiples obstáculos en su proceso de integración.
El coordinador general de Arcópoli, Luis Fernando Rosales, advierte que en comunidades como Cataluña ya se han impuesto requisitos adicionales a las personas migrantes, como la exigencia del catalán, sin considerar que la migración es un proceso complejo donde deben priorizarse necesidades urgentes como el acceso a vivienda, trabajo y asistencia sanitaria. “Nos preocupa que esta cesión de competencias suponga un retroceso en la protección de los derechos de las personas migrantes LGTBI+, especialmente aquellas que buscan asilo por persecución en sus países de origen”, señala Rosales.
Además, esta medida podría sentar un precedente para que otras comunidades autónomas reclamen competencias similares, generando un sistema desigual en el que los derechos de las personas migrantes dependan de la comunidad en la que residan y del partido que la gobierne. “No podemos permitir que el acceso a la protección internacional, a la residencia o a la integración dependa de decisiones políticas que generen diferencias arbitrarias entre comunidades”, añade Rosales.
Cabe recordar que la Constitución Española y diversas leyes garantizan la igualdad de derechos de las personas migrantes en España. El artículo 13 de la Constitución establece que los extranjeros gozarán de las mismas libertades que los ciudadanos españoles, mientras que el artículo 14 protege el principio de igualdad y no discriminación. Además, el artículo 149.1.2 deja claro que la competencia en materia de inmigración y derecho de asilo es exclusiva del Estado. La Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros y la Ley de Asilo refuerzan este principio, asegurando que ninguna comunidad autónoma puede establecer requisitos adicionales que vulneren estos derechos. Por ello, cualquier traspaso de competencias debe garantizar la igualdad de trato y la protección efectiva de los derechos de las personas migrantes y refugiadas en todo el territorio nacional.
Arcópoli insta al Gobierno a garantizar que cualquier cambio en la gestión de las políticas migratorias respete los principios de igualdad y no discriminación, evitando barreras adicionales que dificulten la regularización y el bienestar de las personas migrantes, especialmente de aquellas que pertenecen al colectivo LGTBI+ y que han huido de sus países en busca de una vida digna y segura.