La prohibición del Orgullo en Hungría y la ofensiva de Vox contra las leyes autonómicas LGTBI+ plantean una pregunta clave: ¿corre España el mismo riesgo?
El reciente ataque legislativo en Hungría contra los derechos del colectivo LGTBI+ ha encendido las alarmas en toda Europa. La decisión del Parlamento húngaro de prohibir la marcha del Orgullo, justificándose en una supuesta «protección infantil», recuerda a los retrocesos en derechos fundamentales que muchos temen que puedan reproducirse en otros países, incluida España. Con la reciente ofensiva de Vox contra las leyes autonómicas que protegen a las personas LGTBI+, se abre el debate: ¿estamos en riesgo de seguir el mismo camino que Hungría?.
El precedente húngaro: censura y represión
La prohibición del Orgullo en Hungría, aprobada con 136 votos a favor y 27 abstenciones, se basa en una enmienda que modifica la ley de reunión para impedir cualquier manifestación que contravenga la llamada «ley de protección de la infancia». Esta ley, impulsada por el partido ultraconservador Fidesz, restringe la representación de la diversidad sexual en cualquier espacio accesible a menores, en un claro intento de borrar la visibilidad del colectivo LGTBI+ del espacio público.
A esto se suma la autorización del uso del reconocimiento facial por parte de la policía para identificar a los participantes en manifestaciones prohibidas, un recurso que vulnera derechos fundamentales y criminaliza el activismo en favor de los derechos humanos. La Unión Europea ya ha expresado su rechazo a estas medidas, advirtiendo que atentan contra los valores democráticos del bloque comunitario.
España: un escenario en disputa
Si bien España se ha posicionado históricamente como un referente en derechos LGTBI+, los intentos de erosión de estas conquistas han tomado fuerza en los últimos meses. La reforma de las leyes trans y LGTBI en la Comunidad de Madrid y la ofensiva de Vox en varias autonomías donde gobierna con el Partido Popular han encendido las alarmas.
Vox ha propuesto en seis parlamentos autonómicos la derogación de las leyes que protegen al colectivo LGTBI+ y ha presionado a los gobiernos regionales del PP para que se pronuncien. En este sentido, los populares han calificado esta estrategia como «irresponsable» y han advertido que se está «jugando con los derechos de las personas». Sin embargo, la presión política de la extrema derecha ha conseguido que en algunas regiones se abran debates sobre la revisión o eliminación de normativas que garantizan derechos fundamentales.
El peligro del efecto dominó
Lo ocurrido en Hungría es una clara muestra de que los derechos conquistados pueden verse amenazados cuando las fuerzas ultraconservadoras alcanzan el poder o influyen en gobiernos más moderados. La prohibición del Orgullo en Budapest no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia de represión contra el colectivo LGTBI+, que incluye restricciones en la educación y en la representación en medios de comunicación.
En España, la eliminación de leyes autonómicas de protección al colectivo LGTBI+ supondría un grave retroceso en la garantía de derechos y podría sentar un precedente peligroso a nivel estatal. El derecho a la visibilidad y a la manifestación pacífica es un pilar fundamental de cualquier democracia, y cualquier intento de restringirlo debe ser respondido con firmeza.
Una advertencia desde Arcópoli
Desde Arcópoli, su Coordinador General, Luis Fernando Rosales, advierte: «Lo que estamos viendo en Hungría debe servirnos como un claro ejemplo de lo que ocurre cuando la extrema derecha logra imponer su agenda. En España, aunque hemos avanzado mucho en derechos LGTBI+, no podemos bajar la guardia. La ofensiva de Vox contra las leyes autonómicas es un primer paso para tratar de debilitar las protecciones del colectivo. No podemos permitir que se nos arrebaten los derechos conquistados».
La lucha por los derechos LGTBI+ en España sigue vigente, y la comparación con Hungría es una señal de advertencia. La defensa de la igualdad, la libertad de expresión y la visibilidad del colectivo no son concesiones políticas, sino principios fundamentales que deben ser protegidos sin ambigüedades.